En los últimos años, la agricultura ha experimentado un cambio significativo en su enfoque, motivado principalmente por una creciente sensibilización medioambiental. Este cambio de paradigma ha generado un interés creciente en la reducción de insecticidas en los cultivos, no solo como un compromiso ciudadano, sino también impulsado por medidas políticas cada vez más restrictivas. Estas políticas buscan limitar el uso de productos químicos en la agricultura, promoviendo prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
El papel de La Comisión Europea y el Pacto Verde Europeo en la reducción de insecticidas
Uno de los ejemplos más destacados de estas iniciativas políticas es el trabajo de la Comisión Europea en el desarrollo del Pacto Verde Europeo. Este conjunto de políticas tiene como objetivo hacer que la Unión Europea sea “climáticamente neutral para 2050”, es decir, alcanzar un equilibrio entre las emisiones de gases de efecto invernadero y su absorción por los sumideros de carbono. Dentro de este pacto, existen estrategias clave como «De la Granja a la Mesa» y «Biodiversidad 2030», que buscan reducir significativamente el uso de plaguicidas químicos en el territorio europeo.
Uno de los objetivos más ambiciosos de estas estrategias es la reducción de insecticidas en un 50% para 2030 y prohibir aquellos que se consideren más peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. En línea con este objetivo, en junio de 2022, la Comisión Europea propuso un nuevo reglamento para sustituir la Directiva sobre el uso sostenible de los insecticidas de 2009, marcando así un nuevo capítulo en la regulación de plaguicidas en Europa.
El reglamento de Uso Sostenible de los Pesticidas (SUR)
El reglamento de uso sostenible de los pesticidas (SUR), presentado en junio de 2022, busca reducir a la mitad el uso de plaguicidas para 2030 y fomentar la adopción de alternativas de bajo riesgo. Sin embargo, esta propuesta ha generado un intenso debate y polarización entre los Estados miembros de la UE, los agricultores, las organizaciones medioambientales y otros actores clave del sector agrícola.
En febrero de 2024, debido a las fuertes divisiones y la falta de consenso, la propuesta del SUR fue paralizada y enfrenta la posibilidad de ser retirada. A pesar de este revés, la presidenta de la Comisión Europea reiteró la necesidad urgente de implementar medidas que guíen al sector agrícola hacia un modelo de producción más sostenible. Argumentó que el sector agrícola, responsable de más del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE y fuertemente subvencionado a través del presupuesto de la Unión, debe experimentar una transición hacia prácticas más sostenibles.
El futuro de la agricultura en Europa pasa por una reducción de insecticidas
Las intenciones de la Comisión Europea parecen claras: los requisitos de condicionalidad para recibir ayudas económicas vinculadas a la Política Agrícola Común (PAC) estarán cada vez más alineados con la reducción de insecticidas. Esto implica que la lista de productos permitidos para su uso en el territorio europeo se reducirá progresivamente, limitando el acceso a insecticidas convencionales y fomentando el uso de alternativas más sostenibles.
Ante este panorama, se hace evidente la necesidad de encontrar alternativas eficaces para el control de plagas que sean, a su vez, compatibles con estas nuevas tendencias políticas. El futuro de la rentabilidad de los cultivos depende en gran medida de la capacidad del sector agrícola para adaptarse a estos cambios y adoptar prácticas más sostenibles, entre ellas, el uso de aliados naturales.
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